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    El Power Lunch con Germán Vargas Lleras, candidato a la Presidencia de Colombia para el periodo 2018 – 202, fue una oportunidad para dar lugar a la conversación entre los principales representantes de las Empresas Estadounidenses afiliadas al CEA y el candidato en cuestión. Su propuesta para el programa de gobierno se basa en un diagnostico exhaustivo y el análisis de la coyuntura nacional, a partir de la experiencia en el aparato estatal por parte del Candidato.

     

    A su consideración, lo principal es la Seguridad Jurídica, un elemento al parecer perdido en Colombia, que se supone se encontraría en todos los sectores de la sociedad. Ha identificado que se deriva da la jurisprudencia cambiante, para lo cual propone una Reforma Judicial, que genera la homologación de la misma en todos los niveles, de tal forma que se vuelva fuente de derecho obligatoria. Así mismo, considera que los temas fiscales y penales deben ser sometidos a Control de Constitucionalidad con carácter de leyes estatutarias. Consecuentemente, su programa tiene dos ejes: Economía y Justicia. La base de la reforma Judicial propuesta es la Economía de la Justicia, como metodología para descongestionar el sistema, generada por gran cantidad de procesos inactivos muy antiguos y la administración indebida de la justicia.

     

    En materia de infraestructura, se comprometió a continuar la intervención generalizada de la infraestructura nacional, que ha venido liderando desde sus roles en el Gobierno del Presidente Santos. A partir de esta intervención, se pretende aumentar la competitividad del país, reduciendo costos de logística y desplazamiento y aumentando la seguridad vial.

     

    Vargas Lleras es consciente de que al país se le agotó la posibilidad de endeudamiento, por lo cual se debe hacer un ajuste tributario para mantener la competitividad. Para esto propone en su estructura tributaria básica: Impuesto a la renta del 30% con descontable el ICA, IVA y el 4 por mil, programa de beneficios tributarios para empresas que adquieran maquinaria con amortización en los primeros 2 años y la eliminación de los impuestos que gravan el patrimonio y a la Renta Presuntiva. Adicionalmente, pretende compensar 20 billones de pesos a través de la lucha contra la evasión tributaria y el contrabando. Considera que un sistema racional no impositivo puede promover y recuperación de la inversión. En lo referente al sistema pensional, considera que este se debe basar en tres principios: Sostenibilidad, Cobertura y Equidad. Igualmente, en materia laboral, considera que la estabilidad Laboral reforzada es un abuso y debe ser eliminado.

     

    Uno de los temas mas robustecidos es sus directrices en Relaciones Exteriores, en el cual considera temas de criminalidad transnacional con locación en las fronteras colombianas, la necesidad de una defensa estratégica jurídica del Estado frente a demandas en tribunales internacionales,  la organización y apoyo de Colombianos en el exterior, la revisión de Tratados de Libre Comercio, ya sea para ajustar al beneficio de Colombia o darles mayor alcance, y las relaciones con Venezuela, sumado al reto de la inmigración masiva de venezolanos buscando mejores oportunidades.

     

    Considera que el Posconflicto deja grandes retos en cumplimiento de los acuerdos en materia rural, vivienda, infraestructura y escolaridad. Sin embargo se opone rotundamente a concederle mediación a los miembros de las FARC. Igualmente en materia de Salud, considera que primero se debe saldar deudas del Fosyga con hospitales y gremios, al mismo tiempo que la industria farmacéutica debe avanzar en la producción de medicamentos genéricos y los medicamentos de alto costo.

     

    No considera que el modelo Minero energético del país deba cambiar, pero el autoabastecimiento se ha comprometido debido a la reducción de la extracción de hidrocarburos. Por ende, se debe recuperar la caja a través de la industria manufacturera. Sin embargo, no se puede cambiar la matríz energética de la noche a la mañana, a pesar de la necesidad de apostarle a las energías no convencionales. Así mismo, resaltó que la consulta y la licitación ambiental deben ser reguladas y no volverse juicios arbitrarios.

     

    Finalmente, señaló que es indispensable la erradicación de las malas practicas de gobernabilidad y la corrupción, a partir de la ejecución de las políticas y disposiciones de control político existentes.

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