La Minería Ilegal es una problemática que afecta la directamente la sostenibilidad ambiental, social y económica del país. Desde el Comité de Seguridad es considerado un tema que afecta directamente la continuidad del negocio de las empresas participantes, por lo que la empresa del sector minero energético, Minesa, cuya principal actividad económica se desarrolla en la los municipios de California y Suratá, Santander, en la mina de oro más grande de Latinoamérica, quiso compartir con los participantes del Comité sus buenas practicas en el desarrollo de su negocio y como combatir las principales amenazas en materia de seguridad para la continuidad de su negocio. Así mismo, su experiencia fue respaldado por un panel donde personajes como el Coronel Montenegro, Comandante de la Brigada contra la Minería Ilegal, Carolina Estupiñan, encargada del tema de Minería Ilegal de la Consejería de Seguridad de la Presidencia, el Mayor General Henry Medina, consultor de Minesa y Santiago Angel, Presidente de la Asociación Colombiana de Minería.

     

    La principal conclusión de esta sesión es que el problema reputacional de la Minería legal y el auge de la minería ilegal como consecuencia de la defensa activista sobre la minería artesanal, esta relacionado directamente con la comunicación entre la sociedad y el sector. Adicionalmente, se establecieron como principales soluciones a esta problemática:

     

    • Educación sobre la minería legal, tanto a los medios como a la sociedad, y la formalización de la minería artesanal y ancestral.
    • La formulación de políticas públicas diseñadas específicamente para la población nómada cuyo modo de vida es la extracción minera no formal, artesanal o ancestral.
    • Desvincular las políticas públicas orientadas al sector y la sostenibilidad jurídica del mismo, de los intereses políticos y electorales.
    • Desmentir los mensajes de las ONG’s y activistas que satanizan la minería legal, concientizando a la sociedad sobre el potencial del país.

    Ante todo, garantizar la estabilidad jurídica de las actividades mineras en Colombia.

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