Durante la sesión del 25 de octubre, los participantes del Comité de Seguridad pudieron conocer de primera mano las perspectivas de seguridad, durante el post-acuerdo, desde la óptica de distintos actores de la sociedad, incluyendo la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. El Comité se desarrolló a través de un Panel, introducido por la intervención de la Embajada y participación de Juan Lozano Director del Canal de TV RedMás, Maria Victoria Llorente Directora Ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, Alvaro Espitia Senior Security Coordinator de Pepsico, Aníbal Fernández de Soto Vice Ministro de Defensa y Pablo Enciso Gerente General de Serinpetrol, como Moderador.

     

    La Embajada de los Estados Unidos en Colombia, invitó a los presentes y expresó la necesidad de compartir información y datos sobre todos los incidentes sucedidos en el territorio nacional, pues ahora nos enfrentamos a una nueva realidad. Antes de la firma del acuerdo, se tenía claro cuáles eran los riesgos y vulnerabilidades de seguridad que se podían encontrar en territorio Colombiano. Sin embargo, con la apertura de las fronteras invisibles, existentes antes del acuerdo en cuestión, se creó un vacío de información derivado del desconocimiento e incertidumbre hacia los territorios con nuevo acceso.

     

    Si bien cada uno de los panelistas realizo una serie de observaciones a la nueva realidad que enfrenta el país, todos tuvieron en común su posición frente a la mejora de las cifras en los indicadores de seguridad, a pesar del aumento de la sensación de inseguridad por parte de la sociedad.

     

    Maria Victoria Llorente hizo especial énfasis en la importancia del diseño de programas y políticas publicas, diseñadas especialmente para las zonas y poblaciones a impactar, pues cada una es una realidad diferente con necesidades, fortalezas y retos distintos entre sí. Así mismos, el diseño de estas iniciativas, ya sean publicas o privadas, deben tener en cuenta e incluir a los desmovilizados y miembros de las FARC, pues sin esto no se puede hablar de una reconciliación integral. A partir de esto se puede lograr la transformación del territorio, que permita fortalecer la capacidad del Estado para trabajar coordinada y efectivamente en el territorio a impactar.

     

    Por su parte, el Viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, señaló que el Estado ha priorizado las zonas con cultivo ilícitos, minería ilegal y presencia de grupos armados ilegales, a partir de la caracterización de amenazas, para la respectiva formulación de planes y operaciones nuevas con efectividad probada. A pesar de su reconocimiento a la falta de articulación interinstitucional, consideró que las nuevas acciones tomadas se han hecho basadas en revisiones e intergerencialidad más robusta con políticas de visón más amplia y con enfoque hacia los Derechos Humanos. Consecuentemente, señaló que es necesario continuar con la implementación de lo acordado, con revisión y ajustes, y que los problemas de seguridad muchas veces se derivan de la conflictividad social.

     

    Por otro lado, Alvaro Espitia, concentró sus intervenciones en señalar la importancia del involucramiento de todos y cada uno de los miembros de la sociedad en el proceso de desmovilización, establecimiento de zonas de concentración reinserción de los miembros de las FARC, siguiendo el ejemplo de procesos pasados que tuvieron éxito. Además, señaló que se debe educar y culturizar a la sociedad, sobre el rechazo explícito y necesario al narcotráfico. Igualmente, resaltó que a medida que los indicadores de seguridad mejoran, las posibilidades de inversión aumentan, la cual debe orientarse hacia la autosostenibilidad de las regiones, con oportunidades de proyectos energéticos y agroindustriales de gran competitividad.

     

    Finalmente, Juan Lozano hizo referencia a la administración de la implementación del proceso de paz, pues considera que hay muchas cabezas al mando con muchas responsabilidades tanto anacrónicas como antagonistas. Además, considera que en el desmonte del narcotráfico, debe incluir el desmote de la estructura y la extradición de los narcocomandantes, como una garantía de la seriedad del proceso. Su sugerencia fue retomar el modelo original del plan Nacional de Rehabilitación, concertado y gerenciado.

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